La Diputada Urricelqui se jubila de apuro para escapar a las nuevas condiciones del Régimen Previsional que ella misma votará

El próximo jueves los diputados van a tratar el proyecto 1047 de Reforma previsional que cambia abruptamente las condiciones para acceder a la jubilación estatal.
En lugar de dar el ejemplo muchos funcionarios que en condiciones de jubilarse continuaban prestando servicios “como un modo de acompañar la gestión” y de paso sumar puntos a su haber jubilatorio, están acelerando su retiro para no tener que someterse a las nuevas condiciones que impone el gobierno. Tal es el caso de la Diputada Ana María Urricelqui.
La diputada Urricelqui es oriunda de Jaramillo, un pueblo de no más de 500 habitantes situado a la vera de la ruta 281 a pocos kilómetros de la ruta 3 en el ingreso a Puerto Deseado. Antes de acceder a una banca Urricelqui fue presidenta de la Comisión de Fomento de Jaramillo-Fitz Roy dejando en su lugar a su esposo Marcelino Pérez.
“El abogado platense Dr Eduardo Sosa quien cobra una jugosa jubilación como Juez de Santa Cruz” repetía una y otra vez con un dejo discriminador la diputada durante la sesión que por iniciativa del FVS repudió el fallo de la Corte que ordenaba la reposición de Sosa en el Cargo de Procurador del que fue desplazado inconstitucionalmente en el año 1995.
Urricelqui se destaca por su verba encendida y sus discursos épicos plagados de alusiones a su origen rural desde donde reivindica a los peones fusilados en las huelgas de 1921 sucesos relatados en Los vengadores de la Patagonia Rebelde de Osvaldo Bayer junto a quien integra la comisión permanente de homenaje a los huelguistas masacrados.
Es una ferviente practicante y defensora de la liturgia peronista con especial énfasis en la figura de Evita “la abanderada de los humildes” aclara con voz grave.Admiradora de Cristina, imita el gesto de quitarse el flequillo que cae sobre su frente con un mohín adolescente que repite regularmente.
De esta reforma no has de beber
El proyecto 1047 cambia las condiciones de acceso a la jubilación de estatales con un criterio mas volcado a cerrar las deficitarias cuentas provisionales, que atendiendo a las deformaciones de un sistema que más temprano que tarde tendrá que agiornarse a las nuevas condiciones que imponen las actuales circunstancias del mundo del trabajo y las expectativas de vida del hombre moderno.
Entre otros puntos cuestionables la iniciativa del gobierno adolece de un grave defecto: no establece ningún tipo de período de gracia o transición que evite situaciones de injusticia con aquellos empleados públicos que están a punto de jubilarse. Y lo que es peor, la improvisación del gobierno hace que muchos funcionarios hagan uso y abuso de sus influencias y de la información privilegiada que manejan para apurar sus retiros antes de que rija la nueva ley que indudablemente merma los beneficios de los estatales.
No es lo mismo jubilarse con el mejor sueldo de los últimos doce meses como dice la vigente ley 1782 que hacerlo “con el sueldo promedio de los últimos 60 meses”. O retirarse con el 100 por cien del haber, que tener que pagar obligatoriamente el “aporte voluntario” que fija la reforma que para el caso de un diputado se aproxima a los $2.000,00 (pesos dos mil)
“Santa Cruz no es Bolivia”
El gobierno engola la voz comparando a Santa Cruz con las reformas previsionales “que se están llevando adelante en países del primer mundo” pero nada dice de la reforma de Evo Morales quien redujo de 67 a 58 años la edad jubilatoria. Francia intenta elevarla de 65 a 67. “Pasa que en mi país la gente se retira y no disfruta la jubilación porque se muere antes” fundamenta con crudeza Evo. “Santa Cruz no es Bolivia” dirán los funcionarios convencidos de que en la provincia que ellos administran rige el estado de bienestar que sostiene Alemania o Bélgica, en cuyos países sería impensado que un organismo de seguridad social no presente balances durante 18 años.
O los mismos funcionarios que decretan la reforma se retiren antes para eludir las nuevas reglas de juego.
La contrición a la ética de algunos funcionarios reformistas bien puede medirse con el ejemplo de la Diputada Ana María Urricelqui quien apuró los trámites para acogerse a la jubilación un año antes de concluir su mandato para no tener que afrontar las nuevas condiciones jubilatorias que ella votará para que sea aplicada al resto de los mortales.
Con la mira puesta en este objetivo, la legisladora comenzó a gestar con anticipación la maniobra e informó la renuncia a la dieta en la Cámara, lo cual le fue aceptado el 30 de noviembre de este año bajo Resolución N° 666, con vigencia a partir del 1° de diciembre.
Lo que podría parecer un “renunciamiento” de la diputada, es en realidad el simple resultado de sumas y restas, pues si bien dejará de percibir la dieta durante un año (no así los gastos reservados y otros emonumentos accesorios) se asegura que su futura jubilación no se vea afectada por el “aporte solidario”, que no es tal, pero que cualquier jubilado provincial deberá tributar obligatoriamente y sin posibilidad de buscarle una salida honrosa como la que le encontró Urricelqui.
Otro ejemplo de la misma inmoralidad lo dio recientemente la diputada Nancy Hernández también abanderada del ajuste previsional y su esposo Marcial Cané presidente del organismo previsional, quienes una vez plasmado el proyecto de reforma y enviado a la legislatura decidieron embarcarse rumbo a las playas del caribe para aliviar el stress que les genera la función pública.
Ambas actitudes, dignas de caudillos de república bananera, tampoco representan al modelo Evo Morales, felizmente para los bolivianos.

OPI Santa Cruz - MIÉRCOLES, 15 DE dICIEMBRE 2010