Tiempo Sur

Cuál es el proyecto que recordó el Ejecutivo, pero que en 2010 pidió que no avanzara?

22/09/201409:41

 Pese a la reticencia de muchos sectores, el Gobierno instaló el debate de la reforma previsional y está dispuesto a debatir cómo hacer sustentable la caja. El viernes, cuando apeló a una “alternativa” el Ejecutivo recordó un proyecto del año 2010 que jamás llegó a Diputados y sobre el cual no existen registros digitales. 

¿Qué decía y cómo pensaba frenar el déficit?

 

Por mes, se van de Santa cruz 40 millones por el pago de jubilados y pensionados que residen fuera de la provincia

Corría el año 2010 y la discusión por el déficit de la Caja de Previsión era un tema álgido en la provincia. Por aquel entonces el Gobierno analizaba una reforma previsional con la que luego aumentó la cantidad de años de aportes genuinos, que pasó de 20 a 25 para que quien se jubile pueda obtener el 82% móvil, entre otros puntos.

 En el ínterin, un Diputado planteó una alternativa, pero no se hico público. Se trató de Alejandro Victoria, quien le mostró su idea al entonces titular de la CPS, Marcial Cané, al jefe de gabinete de ministros Pablo González y al actual Gobernador. Estos últimos, consideraron que la idea de plantear la “emergencia previsional” en Santa cruz no era acertada para ese momento político.

 Cuatro años más tarde, el Gobernador parece tener otra mirada, y a si es que el viernes último, el titular del Ejecutivo sostuvo: “Estamos buscando una alternativa” y entre ellas recordó “un proyecto del diputado Victoria del año 2010 en donde él planteaba la emergencia previsional y a partir de ahí una serie de alternativas que involucraban distintas variables para buscar el sustento de la Caja” algo que “en ese momento se consideró que no”, reconoció el mandatario.

 La relación de la situación actual con aquella idea del Legislador peronista no es para menos, debido al correlato que existe con temas que hoy deben ser analizados y no fueron discutidos en su momento, tal es el caso de las condiciones que deben darse para los trabajadores que el día de mañana ingresarán al sistema provisional o los mas de 40 millones de pesos por mes que se pagan a jubilados y pensionados que no  residen en Santa Cruz y por ende, no generan un movimiento de la economía local.

 El proyecto de Victoria, que en su artículo primero planteaba que se declare la “Emergencia Previsional”, jamás ingresó a Diputados, por cuanto no es sencillo acceder al texto completo.

 Eran alrededor de 18 puntos que contenían una nueva Ley Jubilatoria para aquellos que aun no ingresan al sistema y planteaba la igualdad de la edad jubilatoria para hombres y mujeres, ubicándola en los 60 años.

 Para lo que forman parte del sistema, se establecía un puntaje según edad y años de aporte, estableciendo un total de 84 puntos para acceder a la jubilación, lo que permitía que se hicieran cortes que iban de cinco a diez años, de diez años a quince, y de quince a veinte y más.

 Un dato que hace pensar que el Gobernador realmente analiza esta vieja idea es que el proyecto incluía la eliminación del 180 % de ZONA en las localidades que hoy ya no lo ameritan, tal es el caso de El Calafate o la Cuenca Carbonífera. En efecto, el propio Peralta reconoce, de acuerdo a las proyecciones, que “para sostener la edad y para aquellos que vienen a trabajar a El Calafate, Río Turbio o El Chaltén, trabaje un año y cobre el 180% de zona, son cosas que hay que analizarlas”.

 El proyecto que nunca se discutió también incluía los demonizados topes jubilatorios para los jubilados que están fuera de la provincia (entre 4.000 y 5.000). En definitiva, el sistema llevaría a que todos los que ganen más de dos salarios mínimos y medio, sigan aportando hasta los 60 años.

 Asimismo, quienes presenten certificado de residencia permanente o hayan cambiado de domicilio fuera de la provincia deberían seguir aportando hasta tanto sigan esa situación.

 El análisis que existe hoy en el Gobierno, indica que si se hubiera aprobado esa ley en el 2010, hoy habría alrededor de 10 mil empleados públicos entre provinciales y  municipales, amparados al nuevo sistema, a quienes no habría que cambiarle a futuro las reglas de juego.

 Además, un dato relevante es que el proyecto incluía la creación de una comisión para estudiar el tema de la “insalubridad”, algo que, entienden, esta “desvirtuado” con relación a lo que realmente plantea el artículo 90 de la ley actual.

 De hecho, hoy el 25 % de los empleados públicos estarían con la nueva ley de jubilaciones y a los que más ganan se les estaría exigiendo más.

 Otro dato, era la implementación de un régimen de capacidad para los que ingresan por la Ley 1672.

 En si, la tarea en pos de confeccionar este proyecto, tomó los resultados de una encuesta realizada en 2010, donde más del 90% de los trabajadores jóvenes que recién habían ingresado a la administración pública advertían que no les molestaría aportar al sistema durante más años.

 Lo cierto es que, actualmente se pagan 16.221 jubilaciones y 1.024 pensiones y si bien la “intransferibilidad del sistema” es una premisa que el Gobierno no planea abandonar es preciso discutir cómo sostener esos pagos en el tiempo para que “puedan cobrar sus jubilaciones aquellos que hoy cobran más de 100 mil pesos de jubilación, que hay varios casos y algunos viven fuera del país, y los que cobran 5 mil, 6 mil o 7 mil pesos. Es decir todos”, dijo el mandatario el viernes.