Opi Santa Cruz

Publicado el: 25, sep, 2014

Los municipios de la provincia deben $ 2.190.067.987,90 a la Caja de Previsión Social

25/09 – 16:15 – En Santa Cruz hace tiempo que se abrió el debate sobre qué hacer con el desfinanciamiento de la Caja de Previsión Social. Los diputados del FPV en el 2011 aprobaron una ley para que los jubilados aporten, sin opción a negarse, parte de sus sueldos para sostener (argumentaron) el sistema previsional. Sin embargo, de estos números que mostramos hoy, hasta ahora nadie habló: ni los diputados, ni el gobierno, ni los Intendentes, ni el Tribunal de Cuentas y tampoco los gremios. (Por: Rubén Lasagno)

Un sistema previsional sano se sostiene con una cantidad de aportantes activos para una cierta cantidad de aportantes pasivos. El Santa Cruz esa ecuación se rompió y las causas del déficit van desde los masivos ingresos a la administración pública hasta la falta de aportes que el propio Estado hace de los empleados que posee.

Si una empresa privada, que tiene a su cargo una determinada cantidad de trabajadores, no hace los aportes patronales, la AFIP, inicialmente la intima y luego de dos meses puede pasar cualquier cosa con el patrimonio de esa empresa y de quienes conforman su Directorio. Intervienen las cuentas bancarias, caen los inspectores a llevarse documentación y hasta pueden promover acciones penales contra los responsables. En tanto, en Santa Cruz, las municipalidades hacen las retenciones a los trabajadores, pero no lo aportan a la Caja de Previsión Social y esto obliga a la provincia a realizar estos pagos que produce un déficit millonario mensualmente y de alrededor de 1.200 millones anualmente; a pesar de todo, no pasa nada.

La pregunta es ¿Si los municipios no cumplen con la Ley, por qué el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía no intervienen?. Nadie responde. Los diputados permanecen en silencio cuando se habla de esto. Los Intendentes miran para otro lado y justifican este incumplimiento de la ley de sus mas variadas formas y los gremios que son tan combativos para enfrentar la pelea por sus salarios, ni se acuerdan de presionar a los intendentes para obligarlos a que hagan sus aportes.

Mientras tanto, el déficit se agranda. La provincia debe salir a buscar plata y los mismos que no hablan por las deudas previsionales de los municipios, se horrorizan del déficit provisional, al mismos tiempo que los intendentes inundan las municipalidades de nuevos empleados. Demagogia y mentira, por donde se lo mire.

Los números de un delito

De acuerdo a documentación de la propia Caja de Previsión Social, a la que tuvo acceso OPI, facilitada por Fm News, el total de la deuda que tienen los municipios de la provincia de santa Cruz asciende a $ 2.190.067.987,90.

Lo que cada uno debe, desde la última gestión de Kirchner (año 1999, cuando solo les hacía llegar fondos para sueldos a las intendencias) a la fecha, se detalla de la siguiente manera:

Río Gallegos: $ 502.543.258,78
Caleta Olivia: $ 567.223.043.08
Pico truncado: $ 109.918.915,01
Puerto Deseado: $ 121.700.520,29
Las heras: $ 140.234.088,83
Perito Moreno: $ 77.174.901,68
El Calafate: $ 65.055.786,12
Río Turbio: $ 116.189.999,09
San Julián: $ 78.075.642,16
Puerto Santa Cruz: $ 77.086.731,14
Cdte Piedra Buena: $ 77.393.633,92
28 de Noviembre: $ 111.679.355,13
Los Antiguos: $ 62.790.197,54
Gob Gregores: $ 57.419.940,11
Com Fom T Lagos: $ 7.116.028,11
Com Fom Chaltén: $ 5.303.947,57
Com Fom Jaramillo: $ 10.103.227,22
Com Fom Irigoyen: $ 3.088.771,50

No conocemos, hasta el momento, de algún gremio municipal o del Estado que haya realizado una denuncia penal en contra de estos Intendentes, por apropiación indebida de fondos, desvío de fondos, malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público o incumplimiento de la Ley 1782, Capítulo III “Obligaciones para con la Caja”, en su Artículo 18, modificado según Ley 3189 el 1 de enero de 2011, la cual expresa claramente:

En su inc b: señala que los organismos del estado, incluyendo las municipalidades, deben depositar en los primeros 7 días corridos de cada mes, las sumas deducidas durante el mes anterior, correspondientes a los aportes patronales, remitiendo a la CPS los comprobantes del depósito, dentro de las 24 horas.

El Art. 19 de la misma ley, dice claramente: “Ninguna autoridad podrá disponer de los fondos de la Caja, ingresados o a ingresar, para otra aplicación, que la que expresamente asigna esta ley, ni retardar por ningún concepto su entrega. Aquellos que violen esta disposición, serán acusado ante la jurisdicción que corresponda, siendo ellos causal de juicio político o exoneración del funcionario responsable.

El Art 20, va más allá y establece: “El Tribunal de Cuentas o quienes realicen la fiscalización en los Entes sujeto a esta ley, verificarán el fiel cumplimiento de los establecido en el Art 18 inc b) debiendo, en caso de violación, dar comunicación a la Caja, formulando las observaciones y cargos, iniciando los juicios de responsabilidad que diera lugar.

Asimismo el Art 21 indica que las remuneraciones que no hayan sido depositadas, serán actualizadas para su cobro a los valores vigentes y será el organismo o el Ente infractor, el encargado de abonar en una sola cuota, la deuda que tenga del personal.

Paliativos y silencio

En el año 2010, los diputados del FPV, en una maniobra ampliamente resistida, pero contando con las manos, aprobaron una ley de Aporte Solidario en Pasividad, que consiste en quitarle a los jubilados que ganen 10 mil pesos o más, un monto que van entre los 3 y 4 mil pesos para “paliar” el déficit, lo cual es altamente inocuo, dado que sobre un total de 1.200 millones de pesos anuales, la suma recaudada no llega a los 5 millones. Sin embargo, el malhumor social que produjo fue superior a cualquier otro estímulo.La discusión de los jubilados es porqué deben ayudar a sostener a funcionarios y jueces que se jubilan con sueldos que van de los 50 a los 130 mil pesos.

Pero hoy, a la vista de esta impresionante deuda que tienen todos los municipios de la provincia con la Caja de Previsión Social cabe preguntarse:

¿La nueva titular de la CPS, Orieta Gallegos, ha hecho o hará en los próximos días, una denuncia formal contra estos intendentes, para recuperar los fondos, según dispone la Ley?.

¿El Tribunal de Cuentas, ha tomado cartas en el asunto y denunciado penalmente a los intendentes por incumplimiento de las leyes municipales y de contabilidad de la provincia?.

¿Hay Vocales por los Activos y pasivos en la CPS? ¿Habrán hecho las denuncias?

¿Pueden los diputados discutir y horrorizarse del déficit Fiscal de la provincia que es de 1.800 millones de pesos, cuando los municipios deben 2.200 millones al sistema previsional? ¿No estría allí, el equilibrio fiscal que tanto busca el gobierno?

Si la Justicia provincial se declaró “incompetente” para juzgar la mala administración y el fraude cometido por el Intendente de Caleta Olivia, José Córdoba, alegando que es una cuestión “política” y el Tribunal de Cuentas de la provincia, emite Dictamen favorable en las auditorías municipales, como está previsto suceda en la Municipalidad de Río Gallegos ¿A nadie le llama la atención que esta enorme irregularidad nadie la advierta? ¿O la advierten y nadie hace nada?.

Los números son lapidarios. La Caja de Previsión Social de Santa Cruz está desfinanciada por muchos factores, pero fundamentalmente porque nadie hace los aportes. Muchos jubilados actuales y otros que serán en el futuro, han aportado mucho menos durante su carrera, que el sueldo proporcional con el que se retiran de la vida activa, por tener un efímero paso por un cargo jerárquico.

El caso paradigmático (solo uno, en un mar de ejemplos) es el de la señora Nieves Beroiza, ex presidenta de la Caja de Previsión Social. Recientemente salió de allí con aportes por su último cargo, con un sueldo aproximado a los 60 mil pesos. Indican las fuentes que como le falta un año para jubilarse, pasó a prestar servicios como “Asesora” del Concejal Figueroa en el Concejo Deliberante de Río Gallegos. De allí saltará a una jubilación especial, monto por el cual, en la mayor parte de su vida activa, no aportó para merecer ese nivel jubilatorio. Ciertamente es legal lo que sucede en casos como este, pero ¿Es ético?. Si es así, entonces no nos quejemos de cómo está el sistema previsional provincial.

Estas cosas nadie las dice, nadie las cuenta y por ellas nadie reclama. No se ve a la gente en la calle protestando por este ilícito con los dineros públicos y faltan las denuncias de los funcionarios políticos,que son concurrentes con su complicidad para que esto prosiga. ¿Los gremios estatales?. Bien, a veces gritan… solo a veces. (Agencia OPI Santa Cruz)