Cobro compulsivo o denuncia judicial, los caminos
que el Gobierno aun no elegiría
28/10/201409:22
Un
estudio elaborado el año pasado advierte al Gobierno su pasividad ante la deuda
de los municipios, marca la inacción del tribunal de Cuentas y ratifica que los
intendentes delinquen al retener aportes que no son transferidos a la caja.
Sostiene que el denominado déficit previsional es “origen y razón
fundamental del déficit político”, por lo que “debe darse una respuesta en ese
campo”.
El informe, apuntado a la deuda de los municipios y comisiones de
fomento pone en evidencia cómo es que el Gobierno no ha activo los mecanismos
necesarios en estos últimos 20 años para obligar a los mandatarios del interior
y de esta capital a pagar los aportes a la Caja de Previsión, así como tampoco
para evitar lo que la propia presidenta de la Nación, Cristina Fernández de
Kirchner, definió como “un delito” en función de las retenciones indebidas a
los empleados.
Parte de la ley conocida como el “reordenamiento del estado” del año 91
y precisa lo que “se hizo o se dejo de hacer en estos 23 años de no pago”. El
documento -al que tuvo acceso TiempoSur-, fue presentado al Ejecutivo el año
pasado, aunque se mantuvo hasta hoy en la más absoluta reserva.
En el resumen de acreencias de municipalidades y comisiones de fomento,
las acciones de persecución de cobro fueron en primer lugar “en soledad” desde
la Caja y luego reiteradas en el tiempo legando al último registro que data de
octubre de 2008.
Durante los años venideros, el tema fue debatido en todos los ámbitos,
sindicales, administrativos, políticos y mediáticos pero sin concluir el
real estado de situación, claro y preciso. El informe, plantea, en definitiva,
dos vías para resolver la “deuda consolidada”: una administrativa y la otra
política institucional.
Habla de “histórico trato preferencial que han tenido las comunas y
comisiones de fomento en cuanto al no pago de aportes y contribuciones en
materia previsional, trato que podría señalarse como reciproco entre estas y la
caja y viceversa” sostiene, critico el documento al que tuvo acceso TiempoSur.
Haciendo una ubicación cronológica de le evolución de la deuda, hoy
monstruosa, se recuerda que mediante la ley 1782 se estableció, el 25 de abril
del 85’, una moratoria para las comunas y comisiones, en donde la Tesorería
General, a sola comunicación debía proceder a retener las remesas de cada
comuna. Sin embargo, a menos de dos años después, en diciembre del 87´ se
sanciona una nueva norma, la 1.943 que vuelve a establecer una moratoria con un
plazo de hasta 18 cuotas mensuales, esa ley fue promulgada el mismo día que
Puricelli terminaba su mandato.
El 1 de diciembre de 1990, el entonces intendente Néstor Kirchner y la
Provincia firman en Piedra Buena un acuerdo para que, a los fines de cumplir
con los pagos, la comuna de Río Gallegos, delegue en la Secretaria de Estado de
Hacienda dependiente del Ministerio de Economía, la gestión y cumplimiento del
depósito de los empleados de la comuna. En este punto, el estudio aclara
que aun hoy, la Caja de Previsión desconoce si esta modalidad fue optada pro
algún otro mandatario comunal. El acuerdo rubricado por Kirchner, duró solo un
año.
“Ha resultado muy difícil encontrarse con información de los municipios,
pero también con la que debe poseer el Tribunal de Cuentas, pues en más de dos
décadas algunas rendiciones de cuentas de las comunas debieran haber estudiado
y dictaminado” sostiene más tarde el informe, poniendo en evidencia la
“pasividad” del organismo de contralor.
En el año 95’ se establece la ley 2401 y se crea el Fondo Especial para
el Financiamiento de la Efectiva Intransferibilidad de la Caja de Previsión,
que establece que para el año 1993 el déficit ya ascendía a 2.400.000 por
mes y que para una el 95’ superaba los 3.200.000.
Ese fondo, que fue explicado y defendido en la Cámara de Diputados por
la legisladora Gabriela Giganoto, se nutria de la distribución de la
recaudación provincial en la que un 20% iba a parar a la Caja.
Un dato no menor es el que informa que existió un pago judicial en estas
dos décadas de deuda. El único antecedente se remonta a julio del 97’, cuando,
previa denuncia accionada por el diputado radical Felipe Silba, el Poder
Judicial dispone la regularización de los pagos de todas las comunas, (536.
498.09), al que hicieron caso todas las intendencias, a excepción de Río
Gallegos, Tres Lagos y Lago Posadas.
En noviembre de 2003, a escasos días de que asumiera Sergio Acevedo, el
gobernador interino, Héctor Icazuriaga emite un decreto, el 3.052 que
estableció la famosa “compensación” con las comunas. Un dato de color, es que
en esas planillas rubricadas por los intendentes y la provincia, rezaba la
leyenda “agregar deuda de CPS del 92´ a 2003”
Es precisamente por esos acuerdos que la Caja “ha otorgado beneficios
durante más de dos décadas” aclara el informe, que seguidamente pone el ojo
sobre los Aportes Personales, que “habiendo sido deducidos de los salarios de
sus empleados, por carácter de agentes de retención los empleadores no
han depositado en las cuentas de la Caja” lo que clasifican como “retención
indebida” y según el texto “es un delito” que debió ser denunciado por el
organismo previsional.
“Es delito hacerles el descuento a los trabajadores para aportes
jubilatorios y no ponerlos, es delito” “no aportar a la Caja está penado” dijo
Cristina Fernández de Kirchner en la sesión del 7 de septiembre de 95’, frases
que sirvieron a los efectos del presente informe para marcar la gravedad del
accionar de los intendentes.
“Si tomamos que el promedio del déficit total mensual de nuestra caja es
de 26.915.228.43 y que el proyectado de ingresos por Aportes y Contribuciones
que debieran efectuar las municipalidades y comisiones de fomento es de
46.485.685.40 resulta claramente donde está hoy por hoy la principal arista del
déficit previsional” dice más tarde el documento, que tiene una mirada crítica
respecto de lo que no hizo la provincia frente a esta irregularidad.
Las conclusiones, que solicitan la firma de este acuerdo presentado el
año pasado al Gobernador Peralta, establecían el seguimiento del trámite de
cobranza y las intimaciones vía carta documento, que en caso de no ser
respondidas daban paso a la Tesorería General, a debitar los montos adeudados.
Empero, “para no afectar las finanzas municipales” se sugirió que las
retenciones sean “sobre los Aportes Personales, que son retenidos por las
comunas y no depositados a la Caja”.
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