IMPREVISIÓN: de borrador en borrador

Si algo caracteriza a la pretendida reforma del sistema previsional que impulsa el gobierno es justamente la falta de previsión y de memoria a la hora de abordar un asunto de estado que involucra a las futuras generaciones. (Por: Héctor Barabino para OPI Santa Cruz)
Desde que el gobierno lanzó el borrador a la opinión pública y cuando aún está pendiente el tan promocionado “debate con la participación de todos los sectores” que había prometido, el texto ya sufrió varias modificaciones a manos del gobierno: subió la base para el aporte solidario; dejó abierta la posibilidad de eliminar la zona para los que viven fuera de la provincia, dejó en 10 años de aportes el requisito para ser vocal en la Caja y lo que no es menor, flexibilizó los plazos para practicar la reforma.
Es razonable que un régimen previsional que hace tres décadas era un dechado de beneficios favorecido por una planta mínima de empleados públicos hoy esté requiriendo una actualización de su estructura financiera.
Se estima que durante el presente año se van a jubilar alrededor de 900 empleados públicos y que para los próximos 3 años se va a triplicar la cifra de 12700 jubilados que hay actualmente y por lo tanto el déficit de 360 millones va a superar los mil millones de pesos, por lo tanto la relación va a ser de un activo por un jubilado, es decir, el gobierno está adelantando la terminalidad del sistema así como está hoy.
La presidente y el gobernador firmaron en diciembre de 2008 el acuerdo definitivo para armonizar el régimen antes de diciembre de 2011 , es decir dentro de poco mas de 15 meses, aunque el compromiso original se gestó durante los gobiernos de Menem y posteriormente de la Alianza con el Ministro Domingo Cavallo como artífice.
¿Por qué el gobierno dejó pasar tanto tiempo para atender lo que hoy considera un colapso inminente? ¿No fue capaz de advertir que esto iba a ocurrir? ¿O fue por desidia, especulación, o una mas de las tantas faltas a sus deberes de parte de funcionarios irresponsables?
No fueron pocas las voces que alertaron sobre el riesgo que corría la Caja, pero el gobierno fiel a su estilo prefirió hacer oídos sordos y acusar de agoreros los pronósticos en lugar de ocuparse del asunto. Por eso hoy resulta injusto e inadmisible que se pretenda socializar con las víctimas los costos y las consecuencias de las malas administraciones.
La historia y los actores La Ley Provincial Nº 1782 fijó en el año 1985 los aportes personales en un 10 % y los aportes patronales en un 5,5 %. El Art. 83º estableció que en el caso de los docentes los aportes personales serián del 12 %.
Tres años después la Ley Nº 2060 estableció razonablemente un incremento escalonado de los aportes patronales: “A partir del 1º de Enero de 1989 hasta el 31 de Diciembre del mismo año, el 7,5 %; desde el 1º de Enero de 1990 al 31 de Diciembre del mismo año, 9,5 % y desde el 1º de Enero de 1991, 11,5 %, no obstante para el caso de los docentes mantuvo el 5,5 %.
Néstor Kirchner firmó el decreto 139 /91 que escamoteó salarios e incrementó en dos puntos los aportes personales a la Caja de Previsión llevándolo a 12 % con la excepción de los docentes que pagarían el 14 %, manteniendo el aporte patronal para este sector en el 5,5 %
A esta altura, está claro que el tan mentado “error de tipeo” no es mas que una excusa insensata de los funcionarios para eludir sus obligaciones.
Si bien es cierto que el descuido no fue obra del puño y la letra de Néstor Kirchner, también lo es que transcurridas dos décadas de aquel desatino el gobierno demostró una pasmosa falta de voluntad para enmendar un error que drenó los recursos del sistema hasta dejarlo escuálido
El esquema de Fondo Unificado que tanto enojó a Néstor Kirchner cuando en 1985 se fué de la presidencia de la Caja de Previsión pegando un portazo porque el gobernador Puricelli le había quitado los fondos al organismo, es el mismo que le permitió durante años echar mano al sistema, manejar a discreción sus recursos, y mantener a raya a los intendentes con la cruz de las conciliaciones por deudas previsionales generadas a partir de la Ley 2.401 del año 1995 que deduce un veinte 20% de la coparticipación por impuestos que le corresponden a los municipios para destinarlo a la creación de un Fondo Especial Para el Financiamiento de la Efectiva Intransferibilidad de la Caja que se depositó en una cuenta de la Secretaría de Hacienda La confesión de los intendentes K reconociendo que no pagaban los aportes previsionales “porque los demás municipios no pagan” y de Héctor Roquel revelando que el responsable del pago de esos aportes adeudados por los municipios es el Ejecutivo, constituyen el sinceramiento real de las causas y consecuencias de la situación financiera de la Caja, y de quienes son los responsables del desvarío.
¿Cuánto dinero pierde la Caja por los incumplimientos de los municipios y el Ejecutivo? ¿No sería mejor reformular la Ley de Coparticipación provincial para devolverle la autonomía real a los municipios para que dejen de echar mano a los fondos previsionales en complicidad con el Ejecutivo?
Un dígito que cuesta 60 millones Lo primero que tiene que hacer el gobierno es volver a la normalidad todo lo que desarregló o dejó de hacer en todos estos años.
Establecer un esquema de aportes con valores universales donde el estado patrón pague más que el trabajador. ¿Cuánto dinero le significa a la Caja este desfasaje?
A modo de ejemplo solo para el sector Docente, si en lugar del 5,5 por ciento el estado aportara un dígito más, el 15,5 por ciento, le estaría inyectando al sistema nada menos que 60 millones de pesos anuales.
Por ley 23.548 de 1992 en acuerdo entre Menem y Kichner el estado nacional retiene a Santa Cruz el 15% de los impuestos coparticipables para atender el pago de las obligaciones previsionales nacionales tras la privatización de las jubilaciones. ¿No se podrían regresar esos fondos a la provincia ahora que la Nación reestatizó el sistema?
¿O coparticipar el Impuesto al cheque, aumentar los tributos a las ganancias, a los juegos de azar, a los sellos, a los cánones a las concesiones mineras y petroleras? O hacer que éstas paguen el agua que utilizan en su actividad extractiva?
En lugar de imponer un aporte solidario a los pasivos, eliminar el ítem zona desfavorable en los haberes de los jubilados que no viven en la provincia, extender la edad para las pensiones a la vejez, o suspenderle los beneficios a los cónyuges por fallecimiento del titular. En parte, derechos adquiridos que tendrán que sortear las vías judiciales.
¿No debería el gobierno exigirle a los que más tienen y se llevan en lugar de reincidir con ajustar siempre a los mismos consumando más injusticias?
El debate pendiente Toda reforma a políticas de estado debe ser planteada a largo plazo, con los tiempos necesarios para un debate amplio y profundo sin urgencias que hagan perder de vista los objetivos
Recordemos que las recientes prórrogas de las concesiones petroleras se dieron en un marco de necesidad y apremio de las arcas provinciales y que dentro de unos meses comienza un proceso electoral con vistas a una elección que es crucial para la administración Peralta.
Un verdadero debate sobre las jubilaciones debe darse en un marco de plena participación y pluralidad, para lo cual se impone que los medios de comunicación se abran a la comunidad. Tanto los medios públicos que el gobierno maneja con discrecionalidad y celo personalista como los medios privados financiados desmesuradamente con la pauta publicitaria oficial deben ponerse al servicio de este imperativo social.
OPI SANTA CRUZ jueves 12 de Agosto 2010- H. Barabino