sábado, 27 de febrero de 2016


Exclusivo: el informe que la CPS entregó a Peralta para regularizar deuda de las comunas


27/02/201607:00
Se desconoce por qué el Gobierno provincial dejó de lado la iniciativa
 fundada en un informe técnico de la Gerencia de Contabilidad y Finanzas
 del organismo, en el que se hizo un pormenorizado detalle de la deuda
 previsional de las municipalidades y comisiones de fomento. El acuerdo
le condonaba a los intendentes la deuda consolidada hasta 2010.
Exclusivo: el informe que la CPS entregó a Peralta para regularizar deuda de las comunas 
El informe es de agosto de 2013 pero no se tuvo en cuenta.
REDES


El proyecto establecía una propuesta institucional que se denominó
“Acuerdo Federal Provincial de Reconocimiento y Acuerdo 
de Pago de Deuda Previsional”.
El documento se entregó al entonces gobernador Daniel
 Peralta en agosto de 2013 cuando al frente de la Caja
 de Previsión Social estaba Argentina Nieves Beroiza, el jefe
de Gabinete era Ariel Ivovich y el ministro de Economía, José
 Blassiotto.
Allí, surge que la propuesta llega luego de que los
 intentos de reordenamiento de las deudas previsionales
 vigentes desde la Ley 2193 del año 1990, la Ley 2263
 del año 91 y el Decreto 3052 del 2003 “fueran solo buenos
 intentos, pero el tiempo ha demostrado que fracasaron”.
Recuerda que por aproximadamente dos décadas, el
sistema previsional provincial ha sido sostenido por el “Fondo 
de Garantía de Sustentabilidad” cuyo único y principal
 aporte económico provino de los recursos coparticipables de
las municipalidades y comisiones de fomento.
Pero sucede que “desde su implementación a septiembre del
 año 1995, a través de la Ley 2401, dicho fondo ha sido y es
 el principal recurso extra no contributivo de sustentabilidad del
 sistema previsional provincial”.
Por ello, los responsables del informe advirtieron al
Ejecutivo entonces que resultaba “necesario traer justicia
 a un sector de trabajadores de la administración pública,
 en este caso el municipal” ya que “por casi dos
 décadas ha sido el que cargado el esfuerzo económico
 financiero en sus administraciones, en pos del conjunto de
la totalidad de los demás beneficiarios del sistema de
jubilaciones y de retiros policiales”, ponderaron.
Tal necesidad también se puso de manifiesto al momento de que
 cada uno de los intendentes y comisionados pudiera
“poner el orden administrativo necesario al momento
de efectuar las correspondientes rendiciones de cuentas” exigía
 además.
El informe es amplio e incluye una cronología desde la
genesis de la deuda previsional y su abultado déficit, aportando
 planillas de cálculos con proyecciones y la deuda consolidada de
 cada localidad hasta diciembre de 2010.
Pero lo más contundente fue que en su anexo, trae un modelo de
 acuerdo para que firmen intendentes y comisionados 
de fomento, obligados en su primer punto a “reconocer
 adeudar a la provincia (Caja de Previsión Social) ‘X’ suma
 al día de la rúbrica”, que nunca llegó.
El acuerdo establecía que cada uno de los mandatarios admitía su
deuda al 31 de diciembre de 2010, que por ejemplo en el caso
de Caleta Olivia era entonces de $187.095.016,29, en el caso de
 Río Gallegos ascendía a $ 97.226.134,28 Pico Truncado,
$47.148.692,25, seguida de las Heras con $52.556.450,40, Puerto
 Deseado con $39.418.113,77, El Calafate $28.096.573 o Lago
 Posadas con otros $1.695.342,57, entre otros.
Quedaba claro que esas deudas tenían su origen “en el
 no pago de los aportes patronales y de otras contribuciones
 patronales de sus empleados dependientes”, conforme 
los obliga la Ley 1782, de jubilaciones y pensiones.
Sin embargo, el acta establecía que la provincia 
perdonaba la deuda consolidada de las comunas hasta
 diciembre de 2010 “en el marco de la creación del fondo
 especial para el financiamiento de la efectiva intrasferibilidad, 
de la Caja de Previsión Social”, que desde septiembre de 
1995 se financia con el descuento del 20% de los fondos 
coparticipables de todos los municipios.
Era algo así como “quedar a mano” ya que por cada vez que
TiempoSur consultó a los intendentes si acaso reconocían sus
deudas con la Caja de Previsión, estos siempre alegaron y de
 manera sistemática que no era así, ya que mes a mes
 sufrían descuentos. Empero: una cosa no tenía realmente que
ver con la otra, sino que en definitiva los argumentos formaban
 parte de acuerdos tácitos entre los jefes comunales y el
 Ejecutivo Provincial, tal como sucedió con los denominados
“aportes para déficit no reintegrables” que hoy, con el cambio
 de gobierno se transformaron en deuda.
Es que todos los municipios y comisiones e fomento
están obligados por el artículo 18 de la Ley Previsional, 
a depositar en la cuenta que indique la Caja dentro de
 los primeros siete días  corridos de cada mes, las
 sumas deducidas durante el mes anterior y los
 correspondientes aportes patronales remitiendo
 a la Caja los comprobantes de depósito dentro de
 las 24 horas de operados.
En el borrador de acuerdo con jefes comunales, “las comunas
 se obligan en forma incondicional a abonar a la CPS” 
la deuda creada a partir de enero de 2011 a agosto de 2013 
(fecha en la que se elaboró el informe) y en adelante,
 para lo cual los municipios y comisiones de fomento
 “delegan en el Ministerio de Economía y Obras Públicas,
 la retención la gestión de pago y el cumplimiento del
 depósito de las mensualidades a través de la 
Tesorería General de la Provincia
Lo cierto es que pese a esta propuesta, el Gobierno santacruceño
 prefirió dejar de lado el posible acuerdo con las comunas, en
un escenario de plena grieta política con el kirchnerismo.
 Por entonces, se avecinaban las elecciones legislativas y los
 intendentes del FPV le reclamaban al Gobernador la ejecución
 de un reparto más justo de fondos, y el cumplimiento de la
denominada Ley Arabel.
Vale recordar que actualmente, el gobierno de Alicia Kirchner
 sí emplazó a los intendentes a la transferencia de los
 aportes patronales, aunque se desconoce si acaso la 
denominada deuda consolidada tendrá una revisión o 
quedará en el olvido. 
Hoy por hoy, la provincia sí descuenta mes a mes a cada
 Intendente el 5% de la coparticipación, en función 
de recuperar los aportes para déficit que no figuran
 en la Ley de Presupuesto
.Tiempo Sur

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