Sesion Extraordinaria

Un borrador provocó alerta en los gremios

Una serie de “recomendaciones” para abordar una reforma de la norma jubilatoria provocó el alerta en los gremios más combativos. El “paper”, que en realidad tendría ya más de un año, plantea la modificación de la edad en tres tramos, a partir de 2012, llevando la misma, al cabo de tres años, a los parámetros de la jubilación nacional .

Mientras se desconoce aún cuál será el paquete de medidas que enviará el Gobierno provincial a la Legislatura, el cual se espera sea girado mañana junto con el pedido de convocatoria a sesión extraordinaria para el jueves próximo, las afirmaciones públicas de Pedro Mansilla sobre la conversación mantenida con el diputado de Río Gallegos, Mauricio Gómez Bull, sobre el inminente cambio de la edad jubilatoria, encendieron el alerta de la mayoría de los gremios y en particular el de los más combativos, nucleados en la Central Argentina de Trabajadores, que en conferencia de prensa se declararon en Alerta y Movilización por este motivo.

Más aún cuando, tras los dichos del secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Río Gallegos, trascendió un documento que habría sido entregado a las autoridades de Economía en referencia a las reformas que deberían ser aplicadas en el sistema previsional provincial, para lograr la tan mentada “armonización” del mismo con el nacional. Algo a lo que Santa Cruz se encuentra comprometida a realizar desde 1999 y nunca concretó.

Este documento, que contiene un análisis del sistema actual y una serie de propuestas para su modificación, encara como principal el cambio de la edad jubilatoria y plantea dar el salto de 11 años para los hombres y 10 años para las mujeres, en forma gradual, en el lapso de tres años, elevando, así, hacia 2014, a 65 años para los hombres y 60 para las mujeres la edad mínima para poder acceder al beneficio jubilatorio en casi todos los convenios de la Administración Pública provincial.

Emergencia previsional

Este documento no es un proyecto en sí mismo y fueron varios los diputados que, consultados por La Opinión Austral, ya habían asegurado, previo a que el “paper” trascendiera y como publicara este diario en su edición del sábado, su posición contraria a debatir en una sesión extraordinaria una norma de semejante envergadura.

La mayoría, por el contrario, se mostró proclive a abordar una declaración de emergencia previsional, la que incluso también sería para debatir si incluiría la suspensión de la totalidad de los beneficios jubilatorios, o sólo se tomarían ciertos parámetros.

Esta declaración de emergencia buscaría dos objetivos: por un lado, ganar tiempo para efectuar la mentada reforma y por el otro, poder aplicar normas recaudatorias para generar ingresos extras con destino a sostener el déficit previsional.

Medidas de larga data

La propuesta de cambios en el sistema que llegó a trascender, en realidad, sería la que en su momento planteó la consultora contratada por la CPS para analizar la realidad del sistema, como conclusión de su estudio, proyectando una serie de medidas que buscaban bajar el déficit del sistema previsional y prevenir el aluvión de jubilaciones que entre 2013 y 2015 se produciría con el régimen actual.

No sería de extrañar que fueran esas, y no otras, las recomendaciones que se están haciendo circular hoy, al volverse tangible, nuevamente, la necesidad de plantear cambios en el sistema.

La consultora planteaba como una primera recomendación la unificación del sistema para todos los regímenes actuales, con excepción de la Policía.

Esta unificación de sistema sería el puntapié para el cambio del mínimo de edad que permitiría a los agentes públicos acceder al beneficio. Hoy los hombres se jubilan, en su mayoría, a los 54 años de edad y las mujeres a los 50. Pero ese piso mínimo desaparece si se han aportado 30 años a la Caja de Previsión Social, en el caso de la mayoría de los regímenes, o 25 años en el caso de los docentes.

“En las condiciones actuales (54 años para el hombre y 50 años para la mujer) se estaría frente a una permanencia media de 27 años como beneficiario del sistema. Esta situación es inédita en el mundo e impide el financiamiento del sistema sobre bases de sustentabilidad, eficiencia, justicia y equidad”, manifiesta el estudio y plantea la modificación del artículo 53 de la Ley Nº 1.782, equiparando la edad con la nacional, “en un proceso gradual de convergencia a la norma nacional”, pero da un ejemplo de ello que acota ese proceso a tres años, comenzando el año próximo año (2012), elevando en cuatro años la edad mínima (58 los varones y 54 las mujeres). Otros cuatro años más se necesitarían a partir de 2013 (62 años los hombres y 58 las mujeres), para finalmente llegar a la edad nacional, de 65 y 60 años, en 2014.

El documento recuerda el largo incumplimiento que mantiene la provincia con el pacto fiscal de 1999 y los diferentes acuerdos firmados luego con la ANSES, al tiempo que se plantea que las mejoras que se proponen permitirían “mejor justicia y equidad”, además de que habría “un mejor fondeo financiero para la atención de las obligaciones a cargo de la Caja”, especificaron.

También se plantean en este trabajo modificaciones al régimen docente, imponiéndole un mínimo de edad para acceder a la jubilación fijado en 60 años para los hombres y 57 para las mujeres.

Por su parte, establece que el haber inicial para todas las prestaciones se ajuste sin excepciones al criterio de tomar el promedio de la totalidad de las remuneraciones percibidas y actualizadas de los 120 meses consecutivos, inmediatos y anteriores al cese laboral.

“Debe excluirse toda posibilidad que el haber inicial así determinado sea explícitamente relacionado con un porcentaje de sustitución del salario en actividad y que el mismo se constituya en una obligación para el sistema provisional provincial”, subrayan.

También plantearía cambios en la “movilidad” del haber, que dejaría de ser automático, para depender del estado financiero del sistema. “El haber de las prestaciones personales, contribuciones patronales y de recursos tributarios de jurisdicción provincial por beneficio vigente”, proponiendo que dicho ajuste se haga en forma semestral, de manera similar a lo que hace Nación en la actualidad con la Ley 26.417. debería ajustarse según la variación de la recaudación por aportes. la Opinion AUSTRAL